El ex-Presidente Sebastián Piñera dejó un “legado sombrío en materia de derechos humanos”, afirmó el director de la oficia en Chile de Amnistía Internacional (AI), Rodrigo Bustos, a propósito de un reciente informe de la ONG sobre la situación de los DD.HH. en el mundo, que comprende el año 2021.
En conversación con la agencia EFE, Bustos indicó que en el estallido social del 2019, “instituciones como la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, que dependían del anterior gobierno (…), cometieron graves violaciones de derechos humanos y la administración no priorizó ni entregó todos los recursos que se requerían ante tan grave crisis”.
El director de la oficina nacional de AI sostuvo que “hay mucha impunidad” tras la violaciones de a los DD.HH. “Por eso hemos dicho que tenemos un legado sombrío en materia de derechos humanos de la Administración de Piñera, y ahora las nuevas autoridades que han asumido en el Gobierno y en el Congreso tienen la obligación de avanzar en saldar esas deudas”, añadió.
El informe
Sobre el estallido social, el informe indica que en el 2021 “las protestas continuaron, aunque con menor intensidad a causa de la pandemia. La policía siguió haciendo un uso excesivo de la fuerza y se registraron al menos dos casos más de lesiones oculares”.
Añadieron que en marzo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció que las investigaciones sobre los más de tres mil casos de violaciones de DD.HH. cometidas en el estallido social, habían sido paralizadas.
“La Fiscalía Nacional declaró que casi la mitad de los casos bajo su responsabilidad se habían archivado sin que se hubieran presentado cargos. En mayo, el fiscal nacional ordenó a todos los representantes del Ministerio Público que revisaran sus casos y consideraran la posibilidad de abrirlos de nuevo si no se habían cumplido los criterios mínimos de investigación”, añadieron.
Por otro lado, destacaron que en el año se realizaron avances en algunas investigaciones, “como las relativas a las lesiones sufridas por Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, y las emprendidas sobre la muerte de Manuel Rebolledo y Kevin Gómez”.
En tanto, relataron que algunas víctimas de lesiones oculares contaron a AI que “el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) presentaba graves deficiencias”.
Detención y reclusión arbitrarias
El informe de AI sostiene que “tras el estallido social de 2019 y 2020, centenares de personas fueron detenidas y acusadas de delitos presuntamente cometidos durante las manifestaciones, lo que desencadenó más protestas exigiendo su liberación”.
Apuntaron que “ninguna institución pública facilitó un listado exhaustivo de las detenciones”, añadiendo que recibieron testimonios de “varios casos de uso injustificado de la prisión preventiva. En algunos de ellos, las personas en cuestión habían permanecido en detención previa al juicio durante aproximadamente un año y después habían sido absueltas o el caso se había archivado por falta de pruebas”.
“Criminalización” de las demandas indígenas
El director de la oficia en Chile de AI, Rodrigo Bustos, destacó la situación que vive el sur del país, donde existe un conflicto entre el Estado, algunas empresas forestales y agrícolas, y grupos de indígenas mapuches que reclaman la devolución de tierras que consideran propias.
“Por muchos años hemos planteado nuestra preocupación y condena a la criminalización de la protesta en las regiones del sur (…) El Estado está en deuda por el no reconocimiento constitucional (de los indígenas) y por la no entrega de tierras ancestrales”, manifestó.
“Creemos que el camino adecuado no es la criminalización -concluyó- y es muy interesante que se pueda abrir un camino de diálogo donde se converse con todos quienes han sufrido en la región”.
