El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles por la noche que el poder Ejecutivo interpondrá una demanda ante la justicia para declarar nulos los decretos del año 2018 que ratificaron los acuerdos de renegociación con Autopistas del Sol S.A y Grupo Concesionario del Oeste S.A, comprometiendo al Estado con una deuda millonaria lesiva a los intereses de las y los usuarios.”Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”, señaló Fernández sobre los convenios firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.El mandatario hizo el anuncio desde la Casa Rosada, junto al ministro de Obras Púbicas Gabriel Katopodis, quien recibió el encargo de gestionar la nulidad de los contratos ante el fuero contencioso administrativo federal.Las cifras difundidas hoy indican que, si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores, en las cabinas de peaje de “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, se debería estar pagando 1.830 pesos, en lugar de los $ 80 que se abona actualmente, lo que representa un aumento del 2.200%.En la presentación, Fernández subrayó que el Gobierno nacional “lleva adelante una política tendiente a ordenar el sistema de las autovías concesionadas”. Y resaltó: “Hemos recuperado para el Estado 7.000 kilómetros que estuvieron concesionados y hoy administra el Estado, con buenos resultados”.Además, anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste “seguramente será acercada como prueba” en la justicia penal federal, “donde se investigan estos contratos en la llamada causa Peajes”, en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos.
“Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador”, afirmó el jefe de Estado. Y agregó: “Estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente; por ese motivo estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado”.
“Lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino”, concluyó Fernández.
La cartera que conduce Katopodis se presentará en la Justicia para que se declare la “lesividad y nulidad” de los contratos de concesión a Ausol S.A., al advertir que esa negociación llevada adelante por la administración de Mauricio Macri fue hecha “a medida de las empresas”.”Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso y por el que el Presidente me ha indicado iniciar las acciones legales en los tribunales contenciosos administrativos federales”, consignó el ministro, y sostuvo que no hubo “ninguna justificación ni parámetro” para consolidar la deuda a favor de las empresas concesionarias.Katopodis recordó que en el 2018 “el Gobierno de Macri dictó dos decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales, con un conjunto de acciones que, después de un minucioso análisis, establecimos como ‘de vicio’ y que determinan la nulidad absoluta”. Ambos decretos tienen por objeto la cancelación de una supuesta deuda por un monto de USD 813.143.839,52 por parte del Estado: USD 540.522.269,52 para Ausol y USD 272.621.570 para GCO.El ministro advirtió que Macri “otorgó una dolarización al contrato” de las autopistas sin que hubiera “ningún componente que justifique” esa medida, y refirió que “se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria”. Al mismo tiempo que planteó: “En cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario, pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual”.”Hemos identificado claramente que a lo largo de todo este proceso lo que existieron fueron funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que luego volvieron a esas empresas, que en definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”, apuntó Katopodis.El Decreto firmado por el Presidente declara “lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos 607 y 608 del 2 de julio de 2018” e instruye a la Dirección Nacional de Vialidad “a interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad” los citados Decretos.
