A más de dos años de ser declarada la alerta sanitaria por el virus COVID-19 en nuestro país, que entró en vigencia el 08 de febrero del 2020, y habiendo sido testigos de la gran presión que se generó en el sector Salud del Estado por realizar compras a contra tiempo con la finalidad de dar respuesta oportuna a la emergencia, cabe preguntarse si el Estado ha logrado aprender lo necesario de este proceso vivido, y si estamos preparados para realizar una gestión que nos permita afrontar nuevas crisis en el futuro, sin perder el control.
La gestión de las compras públicas en sí es un proceso que requiere de una total transparencia, control y rendición de cuentas por parte del Estado, para permitir desarrollar los mejores bienes y servicios para atender las necesidades de la población. En este sentido, independiente de la emergencia en la que nos encontremos, su gestión debe estar acorde a esos estándares.
Hoy este virus continúa activo, y no tenemos certeza de su fin. A esto se suman nuevas amenazas como la viruela del mono, que pueden significar pasar nuevamente por la situaciones de alerta vividas, lo que implica que es vital aprender de nuestra historia reciente y tomar mejores decisiones ante una nueva emergencia o, simplemente, para mejorar la planificación en futuras compras de insumos necesarios para períodos “punta” de COVID-19.
La magnitud total de las adquisiciones del Estado para combatir la pandemia alcanzó -hasta junio de 2022- un 9,6% de las compras totales registradas en la plataforma de Mercado Público. Por ello, dado el alto impacto y riesgo asociado, resulta de vital importancia que se generen políticas de planificación y mejora de los sistemas que dan respuesta.
Frente a este escenario es importante hacer énfasis en que las adquisiciones de insumos y medicamentos para seguir enfrentando el coronavirus seguirán siendo necesarias a futuro, por lo que debiera planificarse un proceso de adquisición de mayor competencia con la finalidad de obtener las mejores condiciones comerciales posible. Esto reconociendo que, en general la forma de adquisición, si bien fue por trato directo, estos se encuentran justificados dada la premura de la necesidad.
Por otra parte, para estas situaciones se requiere consolidar la estrategia de compra centralizada que busca mejorar las condiciones vía economías de escala. Esto fue de suma importancia durante la emergencia sanitaria y se vió reflejado en los procesos de adquisición realizados por la Subsecretaría de Salud Pública y FONASA. Cabe mencionar que en la tramitación del actual proyecto que modifica la ley de compras públicas, existe un riesgo en este sentido ya que se está apuntando en la dirección contraria, hacia la fragmentación de los procesos.
Finalmente, más allá de la gestión adecuada del proceso de compra, si no se transparentan los datos con la calidad debida, se generan espacios de ineficiencia y desperdicios de oportunidades de mejora que, en momentos críticos como los vividos, pueden significar importantes mermas de cobertura. No es posible que no podamos determinar algo tan simple como la cantidad de paracetamol adquirido para dar frente a la pandemia, por su falta de estandarización.
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