Herlinda Santiago Martínez, jornalera agrícola migrante del estado de Guerrero, sufrió un accidente en la empresa donde laboraba en San Quintín, en Baja California. Se fracturó el fémur. Estuvo durante 13 días en una clínica del IMSS esperando que la atendieran. Lo único que le dieron fue paracetamol. Ella y su familia decidieron que era mejor salirse de ese hospital. Regresaron al campamento de la empresa agrícola donde vivía, pero en lugar de ayudarla, la echaron.
Ahora está sin trabajo, sin medios para regresar al estado donde reside y hacinada en el cuarto que renta una de sus paisanas de Guerrero, quien la alojó ahí cuando la empresa para la que trabajaba le cerró la puerta.
La jornalera agrícola no habla español, señala Cristina Solano, activista e integrante de la Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales y quien está acompañando el caso de Herlinda. “La empresa lo sabía y así la dejaron en la clínica, donde no había un intérprete que la ayudara a entender. Después nunca fueron a verificar si tenía o no una buena atención. La abandonaron ahí y estuvo 13 días solo con paracetamol para el dolor. Después, encima de todo eso, la echaron del campamento donde vivía y al día siguiente le fueron a entregar un finiquito de solo 3 mil pesos”.
Los abusos contra los jornaleros migrantes son contantes en las empresas agrícolas donde trabajan. De los 3 millones que se estima que hay en el país, el 93% no tiene siquiera un contrato formal y aunque a muchos les dan seguro social, este aplica solo para emergencias y para los meses que están trabajando, pero no es una seguridad social real, y en las clínicas es frecuente que sufran negligencia médica, como en el caso de Herlinda, explica Margarita Nemecio, integrante de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas y del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública.
Los jornaleros suelen migrar de los estados del sur, de donde son originarios y residen, hacia los estados del norte, en donde están los campos y las empresas agrícolas, muchas de las cuales exportan sus productos a Estados Unidos. Solo migran por unos meses, cuando hay trabajo en los campos y las empresas suelen disponer de campamentos para que vivan hacinados en cuartitos diminutos, junto con sus familias.
De hecho, después de casi dos años de que jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, protestaran por sus deplorables condiciones laborales y de que fueran reprimidos por policías estatales, la CNDH emitió, en 2017, una recomendación a los tres niveles de gobierno, tras constatar que el Estado contribuyó a “la violación de derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual”.
Sin embargo, el caso de Herlinda es una muestra de que los abusos siguen. De hecho, uno de sus excompañeros, a quien llamaremos Antonio, dejó su trabajo en la misma empresa donde laboraba Herlinda, Productora Agrícola Industrial del Noroeste, mejor conocida como Rancho Los Pinos, por los malos tratos que recibía.
Antonio narra en entrevista con Animal Político, que ahí los hacen trabajar los siete días de la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de tarde, con una hora para comer. “Si alguien se quiere tomar un día de descanso, lo castigan con tres días sin poder trabajar y sin paga”.
La atención a la salud es deficiente. “Yo me enfermé en julio, tenía una gripa muy fuerte, en el dispensario médico de la empresa, donde solo hay pasantes y nunca te dan la medicina que necesitas, hay que comprarla, me hicieron la prueba de COVID y salí negativo, entonces me mandaron a encerrarme con mi familia en el cuarto del campamento donde vivimos, y ahí me dejaron, sin atención médica y sin medicamentos”, cuenta Antonio.
Ruta de abusos y violaciones a derechos humanos
El 23 de septiembre pasado, Herlinda Santiago se encontraba trabajando en el sector 5, malla 6, de la empresa agrícola Rancho Los Pinos. Estaba haciendo faenas de deshoje. Pisó un tomate podrido. Se resbaló. Su pierna chocó contra uno de los postes metálicos del surco donde hacía la faena. Trató de incorporarse, pero no pudo. Tenía una fractura en la pierna derecha, por encima de la rodilla.
Pidió auxilio, en su idioma mixteco. Su hermana se acercó para ayudarla. Un trabajador del campo agrícola llamó a una ambulancia. El vehículo de emergencias llegó después de una hora. La trasladaron a la Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización (UMFH) 13 del IMSS, en San Quintín. Ahí se negaron a recibirla, argumentando que no tenían los medios para atenderla, afirma Cristina Solano.
La trasladaron entonces al Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) # 8, también del IMSS, donde estuvo durante 13 días, sin más atención médica que el suministro de pastillas para el dolor, asegura la activista.
De acuerdo con el relato de hechos que hizo por escrito el sobrino de Herlinda, Evaristo Santiago Maldonado, para Cristina Solano, la trabajadora estuvo acompañada solo por él. El joven se hacía entender con el personal médico con el poco español que domina.
Era ese sobrino quien se encargaba de darle a Herlinda los cuidados que el personal de la clínica no le proporcionaba. Él la aseaba y le daba de comer. El 2 de octubre ya desesperados preguntó cómo iba el caso de su tía.
“Uno de los doctores –narra en el relato Evaristo– me dijo que hasta dentro de dos meses probablemente llegaría el médico que la operaría. Les dije con mi español mocho que no íbamos a esperar más tiempo. Al final un segundo doctor vino y nos aseguró que esperáramos porque al día siguiente llegarían las piezas de fierro que estaban esperando para la operación de mi tía, pero pasaron dos días y no llegó nada”.
Evaristo y Herlinda decidieron que lo mejor era salirse del hospital. “Entonces los doctores me dijeron (según lo que él alcanzó a entender) que si la sacábamos de ahí, que no nos darían ni receta ni medicamentos y que si un día volvíamos con mi tía, le cortarían la pierna”.
Asustados por las amenazas, decidieron irse de la clínica. “Tuve que sacarla cargando del hospital porque no nos quisieron apoyar ni nada. Tuvimos que pagarle a una persona para que nos pidiera un carro de algo así como Uber y así fue como, el 5 de octubre, como a las 9 de la mañana, llegamos al campamento El Vergel”, cuenta Evaristo en su narración.
Pero ahí tampoco encontraron apoyo. El jefe del campamento, llamado Luis Andrés Huerta Chaires, y una trabajadora social, de nombre Erika Guerrero Valera, les dijeron que ya no tenían derecho a vivienda y que se salieran, porque la mujer podía morir sin atención médica y ellos no querían hacerse responsables.
Al medio día salieron del campamento. No tenían a donde ir. Una de sus paisanas los dejó quedarse en el cuartito que renta. Hasta ahí llegó, al día siguiente, Luis Andrés Huerta a entregarle a Herlinda un cheque de 3 mil pesos, que, primero, le dijo, era un apoyo de la empresa. Pero después, cuando logró que la trabajadora le firmara un papel, que al parecer era su renuncia, donde deslindaba a la empresa de toda responsabilidad, el hombre le dijo que en realidad ese era su finiquito.
Contrario a lo dicho por Herlinda y Evaristo, José Antonio Cruz, director general de Rancho Los Pinos, asegura que sí iba una persona hablante de mixteco cuando se “entregó” a Herlinda al IMSS, que la empresa sí estuvo al pendiente de su atención y que fue ella quien no se quiso operar por sus usos y costumbres.
Además, asegura que Herlinda nunca volvió al campamento El Vergel, sino que se fue directo del hospital a una comunidad al lado, donde viven sus paisanos, y que si se le finiquitó fue porque ella ha decidido que quiere regresarse a su comunidad.
Cruz afirma, que en caso de que Herlinda se atienda y pueda trabajar, las puertas de la empresa están abiertas para ella y que incluso alguien del sindicato de la empresa la fue a buscar hasta el cuartito donde se encuentra para ofrecerle apoyo para su atención médica.
Animal Político también pidió al IMSS una entrevista para saber qué había sucedido en el caso de Herlinda, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Apoyo que llega tarde
Cristina Solano señala que una vez que el caso de Herlinda se hizo mediático, la fueron a buscar al cuartito donde se aloja, en efecto, integrantes del sindicato de la empresa, autoridades del IMSS y de la Secretaría del Trabajo estatal. “La ha estado yendo a ver un médico del IMSS y me llamó la directora de la clínica 13, Perla Zepeda, para decirme que sus superiores le habían indicado que se le dé a Herlinda la mejor atención, que ofrecen trasladarla al hospital de Tijuana”.
Ahora sí, agrega, “después de que no la atendieron en un hospital y la tuvieron 13 días en otro, sin darle la atención adecuada, ahora sí ya quieren atenderla. Pero Herlinda está muy traumatizada por todo el maltrato que vivió en el hospital y no quiere regresar al IMSS. Nosotros respetamos eso y estamos viendo si conseguimos que la atiendan en un hospital privado o en el Hospital General de Ensenada, de la Secretaría de Salud, porque sí necesita una cirugía para colocarle unos clavos en la pierna”.
Solano dice que de momento, y en preparación a la cirugía, se le están haciendo ya estudios en una clínica particular, el IMSS se está haciendo cargo de los traslados y ya la están acompañando dos interpretes en todo el proceso, “porque es absolutamente falso que ella no se quiere operar, sí quiere y está consciente de lo necesario de la cirugía”.
Además de esas gestiones para la atención de la salud de Herlinda, Solano señala que pedirán la intervención de la Secretaría del Trabajo a nivel federal para que se le restituya su empleo.
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