El gobierno ha declarado que el tema de la seguridad interior es una prioridad de Estado, pero lamentablemente no veo que sus intenciones vayan a terminar con resultados positivos si es que insisten en la estrategia equivocada y en usar caminos equivocados para resolver los problemas que nos aquejan en esta materia.
Explico por qué de la afirmación anterior y me van a disculpar el uso de lenguaje poco técnico para hacerlo, pero que ayuda a entender la problemática. El tema parte por reconocer cuál es el problema que tenemos que solucionar y cuál es la causa. Si tenemos claro cuál es el diagnóstico de la enfermedad sabremos qué remedio aplicar. Si es narcotráfico, le aplicamos soluciones del tipo de las que se ven en países desarrollados. Si es terrorismo e insurgencia, entonces aplicamos lo que dicen los manuales de contrainsurgencia, y así para cada mal existe una solución, pero lo que no podemos hacer, es dar remedios equivocados, o equivocar en el diagnóstico, o hacer como que no pasa nada y solo dar aspirinas cuando la dolencia requiere de algo más fuerte o derechamente una intervención practicada por cirujanos especializados.
El gobierno sin un diagnóstico bien realizado insiste en que, por ahora, la solución del problema está en mantener estados de excepción que permiten el uso de las fuerzas armadas, o bien en adaptarlos por la vía de modificaciones constitucionales que permitan su uso en forma más permanente en la macrozona sur o en donde eventualmente sea necesario. No se ve que esas medidas estén acompañadas de medidas que corrijan los problemas de fondo, solo son medidas paliativas que con suerte bajan la temperatura y nada más.
Las medidas que actualmente involucran el uso de las fuerzas armadas o bien las que se están tratando de implementar vía modificaciones constitucionales son ineficientes e inefectivas. La iniciativa la mantienen los grupos insurgentes y quienes realizan actividades ilícitas a su amparo. Son medidas en las que las fuerzas armadas no están activamente buscando eliminar de raíz a quienes no respetan el estado de derecho, la propiedad privada o el derecho a vivir en paz.
Para solucionar los problemas en la macrozona sur se requiere inteligencia, la que permite afinar el diagnóstico, voluntad política para eliminar o solucionar los problemas que se identifiquen, y soluciones económicas y políticas que eviten que vuelvan a darse las situaciones que tienen a la Araucanía en llamas. También se requiere de llamar y calificar los problemas con su nombre, ya que, si insistimos en que son solo ilícitos o actividades criminales, y por ende de responsabilidad del Ministerio Público, las potenciales soluciones son limitadas por tratar de dar remedios policiales a problemas más profundos o de complejidad multisistémica.
Lo que se requiere es una solución integral de todos los poderes del estado actuando en forma conjunta, aplicando todo lo que viene con ello, pero por, sobre todo, con la voluntad política de querer resolver el problema y no solo bajarle la temperatura, y dejando al gobierno que venga la solución de lo que ocurre del Bío-Bío al sur, como ha sido la práctica de gobiernos anteriores.
Si no se tiene la voluntad política de usar los servicios de inteligencia y del uso de la fuerza que es potestad del Estado de Chile, no vamos a resolver los problemas que aquejan a miles de chilenos que habitan en la zona sur de Chile. Este medio recientemente publicó una editorial sobre el ejercicio de la autoridad y lo que ello implica, lectura recomendada para quienes están en posiciones de liderazgo y de responsabilidad por la seguridad pública.
Pero peor aún, es darles soluciones inefectivas o equivocadas, como son las modificaciones constitucionales que el gobierno está empujando, ya que solo significan emplear a las fuerzas armadas como guardias de punto fijo, y por lo demás, se sacan la supervisión del Congreso por periodos de hasta 60 días. Estamos hablando de excepciones constitucionales en las que es buena practica ir a pedir permiso cada 15 días, ya que de lo contrario le estamos dando al ejecutivo la libertad de usar a las fuerzas armadas para roles que no les son propios, sino de seguridad interior, y con los riesgos que ello significa.
Tampoco las modificaciones constitucionales resuelven los problemas de las reglas de uso de la fuerza (RUF), las que, así como están también son inefectivas y poco prácticas. Cosa de ver las veces que se ha tenido que usar la fuerza y los resultados obtenidos.
Espero haber dejado claro porque de seguir, así como insiste el gobierno, los resultados no serán los esperados, seguirán los ataques a instalaciones y operaciones forestales, campos, personas y propiedad privada, con ausencia del estado de derecho y la posibilidad de vivir en paz. Si insisten en dar soluciones que no atacan el fondo, solo van a lograr bajar temporalmente la temperatura.
Si ahora dicen que la seguridad es una prioridad política, tendrán que demostrar a Chile y los chilenos que lo pueden hacer y que tienen la voluntad real de usar todos los medios que tiene el Estado, incluyendo sus servicios de inteligencia y el uso de la fuerza que la ley les provee.
No tengan miedo en usar la autoridad que les da la constitución de la República, pero úsenla bien, en forma efectiva, y bajo la supervisión de la Contraloría y del Congreso.
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