El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, realizó advertencias a la Contraloría sobre los proyectos otorgados mediante asignaciones directas por el Gobierno Regional de esa región durante 2021. Los fondos se obtuvieron mediante recursos del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) durante el periodo de Felipe Guevara.
La II Contraloría Regional Metropolitana analizó los antecedentes y determinó una serie de faltas, motivo por el que los remitió al Ministerio Público.
Según una publicación de La Tercera de 2021, Orrego alegó cobros excesivos en programas que contemplaban clases de zumba, spinning y entrenamiento por un total $500.589.808. “Nunca había visto proyectos de zumba de $ 200 millones. En toda mi vida pública como alcalde, concejal e intendente, nunca vi una cosa tan desproporcionada y vergonzosa”, afirmó la autoridad que interpuso las querellas en septiembre de 2022.
Con esa querella, la Contraloría comenzó la investigación y el 13 de enero de este año emitió sus conclusiones en el informe final 471. En él se señala que “en el caso de los proyectos de asignación directa correspondientes a ‘Masivo de Spinning Regional’ y ‘Masivo de Entrenamiento Funcional’, existen dos carpetas distintas para cada uno de ellos, que contienen diferente documentación de postulación, tales como el Anexo N° 5, Ficha de Postulación y su respectiva documentación de respaldo”.
“Se tuvieron a la vista cotizaciones de la empresa Inversiones Merken SpA, las que fueron confirmadas a esta Entidad de Control, las cuales se refieren, en lo principal, a la valorización de la misma cantidad de actividades, beneficiarios y servicios contempladas en los proyectos aprobados por el GORE RM, denominados Masivos de Zumba y Masivos de Spinning Regional, por las sumas de $94.010.000 y $113.150.000, IVA incluido, lo que representa valores inferiores a los presupuestos adjudicados en $106.537.872 y $36.870.000, respectivamente”, se agrega.
Además, se verificaron transferencias realizadas a entidades con rendiciones pendientes de proyectos de años anteriores. “En efecto, 7 de las 13 instituciones ejecutoras de los proyectos en revisión, tenían gastos pendientes de rendir, correspondiente a iniciativas adjudicadas en los años 2019 y/o 2020, esto es, anteriores a la fecha del acto administrativo que aprobó los convenios de transferencia del año 2021, por un total de $246.520.895, vulnera lo señalado en el artículo 18, de la resolución N° 30 de Contraloría General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas”, indica el informe.
Agregan que no hay detalles de los expedientes de rendición de cinco proyectos realizados con los fondos mencionados, cuyo valor llega a $680.579.508, “lo que no se ajusta a lo establecido en el artículo 4° de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República”, aseguran.
La Contraloría determinó enviar enviar copia del detalle al Consejo de Defensa del Estado para “los fines que haya lugar” respecto a los dos puntos señalados anteriormente.
