El gobierno de Veracruz ofreció una disculpa pública por la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, ocurrida en 2016. Los padres de las víctimas exigieron a las autoridades justicia en el caso pues a tres años aún no hay ningún sentenciado.
El 11 de enero de 2016, José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arróniz, se trasladaban del puerto de Veracruz a Playa Vicente, cuando fueron detenidos en la cabecera municipal de Tierra Blanca y, luego desaparecidos y ejecutados.
Bernardo Benítez, padre de Bernardo, uno de los jóvenes exigió a las autoridades justicia pues “si hubiera justicia nuestros hijos hoy vivirían”.
“No creo en la justicia del Estado mexicano”, enfatizó, y exigió “que se juzgue a los culpables porque a 3 años de lo sucedido no hay sentenciados”.
Dijo que en su lucha por justicia, han encontrado algunas autoridades dispuestas a hacer las cosas bien y la solidaridad de muchas personas y medios de comunicación.
“Les pedimos que reparen este dolor tan profundo, somos miles de familias en esta circunstancia”, expuso.
Al fiscal general, Alejandro Gertz, pidió resolver el caso y llegar a las últimas consecuencias o “se manchara las manos” si no lo hace.
El mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que las autoridades del estado fallaron en dar respuesta a las familias ante dichas atrocidades y en darles justicia.
“Reconocemos que el Estado les falló, no hubo capacidad de darles seguridad a sus jóvenes. Todos deben saber que elementos de seguridad del estado de Veracruz detuvieron arbitrariamente y desaparecieron a sus hijos dejándoles a ustedes un inmenso dolor”.
“Reconocemos públicamente la responsabilidad del estado y les ofrecemos una disculpa”, dijo el mandatario estatal ante las familias de los desaparecidos.
Con dicho acto, que se realizó en el Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México, se cumple con uno de los puntos de la recomendación emitida el 19 de julio de 2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y con el dictamen de opinión técnica emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
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