El anhelo de miles de mujeres cada vez está más cerca de hacerse realidad. Tras pasar su primera valla, en la Comisión de Derechos Fundamentales, la iniciativa popular Será Ley que consagra los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el aborto libre, está lista para ser votada en el pleno de la Convención Constitucional. Si se consiguen los ⅔ de los votos, tendrá que incluirse en el texto final de la nueva Constitución y que la ciudadanía aprobará o rechazará en el plebiscito de salida. Nunca habíamos estado tan cerca de que a las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar se nos vea como sujetas de derecho.
La demanda por el derecho al aborto en Chile, ha sido tan histórica que llevamos casi cien años reclamando para que se legisle a favor en el Congreso. A fines de los años 30, se luchó hasta conseguir que el aborto por la causal salud de la mujer se despenalizara. Pero hubo un retroceso con la dictadura que nos hizo estar hasta hace poco entre los seis países que prohibía cualquier tipo de aborto. La lista de la vergüenza a la que nos llevó la dictadura de Pinochet de la que pudimos salir recién en 2017, cuando en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Un piso mínimo para la autonomía de las mujeres y personas gestantes, pero que ha demostrado innumerables problemas desde su implementación, como la gran cifra de objetores de conciencia en los servicios de salud que se niegan a que una persona aborte. Asimismo, desde 1991, se han presentado 34 proyectos de ley que otorgarían acceso a mayor autonomía reproductiva. Todos han sido rechazados por nuestros congresistas. Algunos de ellos ni siquiera se tramitaron.
Ni hablar de consagrar los derechos sexuales y reproductivos. En el año 2000, diputados de izquierda con el apoyo de ONGs feministas ingresaron un proyecto de Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos con la misma esencia de Será Ley. Pero no pasó del primer trámite legislativo y estuvo años dormido esperando ser discutido. 16 años después, en 2016, fue archivado definitivamente al ser rechazado por la comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Esto manifiesta una vez más el nulo interés de nuestros congresistas y los gobiernos de turno en avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.
El movimiento feminista llegó a la nueva constitución mediante las iniciativas populares de norma. La aprobación de Será Ley permitirá que el Estado reconozca y garantice a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado. Sin embargo, pese a contar con el apoyo de la ciudadanía, ya han aparecido voces disidentes en los medios de comunicación que son famosos por ser antiderechos. Se han hecho eco con cartas de médicos y médicas desvirtuando la esencia de lo aprobado por la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención al afirmar que tras esto se busca eliminar la objeción de conciencia individual. Esto es absolutamente falso, incluso en la legislación vigente, ambos derechos deben coexistir armónicamente. Sin embargo, no se trata de ellos, sino de nosotras. Se trata del reconocimiento a la autonomía plena de nuestros proyectos de vida. No del intento desesperado de grupos conservadores de llevar al espacio público una decisión individual que debiera ser de cada niña, mujer y persona con capacidad de gestar. La autonomía reproductiva y la capacidad de decidir sobre nuestros proyectos de vida, siempre ha sido la moneda de cambio de negociación de la política (de todos los sectores) en nuestro país. Pero nuestra capacidad de agencia es superior. La conquista de nuestros derechos se ha caracterizado por las inalcanzables movilizaciones sociales de mujeres y nunca hemos apelado al sentido común de nuestros opresores. Seguiremos en este recorrido, hasta que abortar en este país sea ley.
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